Los pueblos amazónicos y andinos somos objeto de persecución mediante denuncias e incursiones policiales en nuestros territorios, con procesos judiciales que el sistema occidental nos impone, cuyos mecanismos desconocemos y que constituyen un eslabón más de la larga cadena que soportamos hace 517 años.

En este segundo gobierno de Alan García, estamos testimoniando la descarada sujeción a los intereses de las empresas transnacionales –que se dedican a las industrias extractivas de los recursos naturales y a la privatización del agua– de toda política gubernamental, y para ello han procurado blindarse con un discurso que muestra su raigambre excluyentes y racistas, expresiones dirigidas con la intención de suprimir la existencia de los pueblos indígenas y diluirlas con normas que buscan desincentivar las protestas y el rechazo a su política, endureciendo y generando figuras penales que colisionan con el estado de derecho en la que se sustenta la llamada democracia occidental.

Este sistema, adecuado a nuevos discursos en estos tiempos, ha significado que un aproximado de dos mil indígenas de la amazonía, la costa y los andes; ahora sólo estén dedicados a comprender “el proceso”, incriminados como delincuentes sólo por defender nuestros derechos al territorio, a la existencia como pueblos y en esencia a la vida misma para el bienestar de todos los seres vivientes en este planeta, o como nosotros decimos, la madre tierra.