El fallido diálogo con la Comisión Brack, el pasado viernes, tampoco sirvió de mucho. De hecho solo aumentó la desconfianza en una población que siente que sus reclamos nunca son justamente valorados ni mucho menos atendidos. Y mientras desde Lima se debate cuál será la próxima comisión de Alto Nivel que trate de apagar la ira de los nativos, en la selva la lucha no solo se reafirma, sino que se fortalece con los días.
Cada vez son más los indígenas que custodian las empresas estratégicas del Estado (petrolíferas, gasíferas e hidroeléctricas) cuyas actividades paralizaron hace días. A eso se suman los cortes en varias vías de Bagua, Yurimaguas y Urubamba. Y en Imaza (Amazonas), en la subestación petrolera N°6 del Oleoducto Noriente Peruano, el incremento de la presencia policial en la zona ha desencadenado la retención de una veintena de efectivos de la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales) enviados desde la capital.
Los indígenas peruanos que desde hace nueve días ejecutan acciones de fuerza en defensa de sus tierras no retrocederán a pesar de las medidas de emergencia del gobierno, que incluyen la orden de que las fuerzas de seguridad reimpongan el orden, según advirtió hoy uno de sus dirigentes, Alberto Pizango.
Esa medida fue en respuesta al movimiento de los indígenas, que desde la semana pasada ocupan varias instalaciones energéticas, interrumpen el tránsito por una importante carretera y un puente y bloquean un canal de agua que alimenta una hidroeléctrica, lo que dejó sin energía eléctrica a una parte del norte del país. El gobierno dice que los indígenas tienen una posición intransigente por influencia de líderes y asesores "ultraizquierdistas", debido a que los dirigentes nativos interrumpieron las conversaciones con Brack el viernes pasado.
El inconveniente legal tiene que ver con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Este tratado, ratificado por el Perú hace varios años, señala en su artículo 17.2 que, en caso el Estado haga modificaciones sobre la capacidad de transmitir la propiedad de los territorios indígenas, éstas deberán ser hechas en consulta con las poblaciones interesadas. Esto no se cumplió en el caso de los Decretos Legislativos 1015 y 1073, que modificaron el tema de la transmisión de propiedad dentro de las comunidades.
... lo cierto es que el Tribunal Constitucional deberá decidir sobre este tema, dado que la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra estas dos normas, por considerar que, además de violar el convenio 169, el gobierno se habría excedido en sus facultades legislativas. ... Sobre los demás decretos, si bien no hay visos de inconstitucionalidad, ciertamente, pueden existir potenciales afectaciones al medio ambiente. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental ha resumido estos problemas, los cuales podrían ser vistos en la comisión prometida por el Ministro Antonio Brack, antes de que el diálogo se frustrara.
Los indígenas que se oponen a los DL recientemente dictados al amparo de las facultades delegadas por el Congreso quieren que el jefe de Gobierno les de la cara. Son jefes de sus Pueblos. Quieren al Jefe del gobierno. Allá o acá en Lima. Tienen razón. Me pregunto, sin embargo, por qué no va a Santa María de Nieva, a San Lorenzo el presidente García y les explica su punto de vista acerca de los supuestos beneficios que obtendrán los Pueblos Indígenas de los Decretos Ley que promulgó con tanto júbilo? ¿Tiene tiempo para los empresarios e inversionistas pero no para los indígenas en cuyas tierras se orienta la inversión? ¿Acaso los convocó a su Palacio antes de promulgar los DL para conocer su opinión y escucharlos y convencerlos o convencerse?. La concertación no es su fuerte y menos, el escuchar a quienes siempre han sido postergados y discriminados.
Cuidado, por ejemplo, con la presencia del humalista Víctor Isla, uno de los mayores sospechosos de la depredación de la selva, que está merodeando a las organizaciones indígenas alzadas. De hecho va a querer jalar agua para su molino. Por suerte, en la protesta también está el hermano Paul Mc Auley, fundador de la Red Ambiental de Loreto, y antagonista jurado de Isla. Lo increíble es que la PCM, según Correo, está tramitando ¡la expulsión del país Mc Auley! Eso sería no saber cómo se manejan internamente las cosas en la Amazonía. Sería ver, una vez más, las cosas en blanco y negro.
La foto fue tomada del blog La Leyenda del Huallaga.
