Los sangrientos sucesos ocurridos en la localidad amazónica de Bagua, Perú, al proceder la policía a desalojar un bloqueo de carretera mantenido por las comunidades indígenas en protesta por una ley (DL 1090) que consideran atenta contra sus derechos ancestrales sobre su territorio, no solo han ocasionado la muerte de un número aún indeterminado de civiles (la cifra oficial señala 10, pero los estimados de diversas fuentes van desde 80 a 250) y de 23 policías, sino que ha desatado una ola de marchas y protestas en todo el país en solidaridad con los pueblos nativos. A la pregunta de quien tiene la responsabilidad de tantas muertes, la mayoría sólo tiene una respuesta: El gobierno.

Ante esto el gobierno no ha encontrado mejor reacción que la represión. Por ejemplo una marcha de estudiantes en Lima fue dispersada con gases lacrimógenos y una inusual cantidad de policías anti motines presentes en el centro de Lima. Se ha anunciado también que este fin de semana se despejará un tramo de carretera (a Yurimaguas) que aún sigue bloqueado por manifestantes, y aunque el gobierno ha manifestado encontrarse dialogando con representantes de los nativos en la zona, algunos temen un nuevo desenlace fatal.

Por otra parte, los medios masivos de comunicación en su mayoría, sobre todo al principio del problema, sólo brindaban la versión oficial de los acontecimientos, constituyéndose los medios de la web 2.0 tales como blogs y twitter (revisar hashtag #bagua) las principales fuentes de información alternativa. Si bien esta situación se va revertiendo aún persiste mucha desinformación sobre el tema.

Un hecho que da mucho que pensar acerca de cómo toma el gobierno todo esto ha sido el cierre de la radio La voz de la selva de Bagua Grande, amparándose en una infracción burocrática. La mencionada radio ya había publicado un comunicado anunciando de estas intenciones y hoy día, lamentablemente se cumplió lo avisado, lo cual ya ha originado un comunicado de protesta por parte de un grupo de comunicadores y académicos, También se ha anunciado una medida cautelar a ser presentada por los propietarios de la radio al respecto. La web Enlace Nacional por su parte se hace eco de denuncias de torturas y otros abusos a los DDHH. Incluso se ha denunciado el impedimento a la realización de una misa por los caidos amparándose en la suspensión de garantías decretada por el gobierno.

Otro punto demostrativo de la intransigencia y mano dura que el gobierno está aplicando ha sido la suspensión de siete congresistas que apoyaban a los indígenas y realizaron medidas de protesta en el hemiciclo. Finalmente aunque el gobierno ha anunciado que reiniciará el diálogo con los nativos, ha excluido del mismo al AIDESEP, la principal organización de comunidades nativas del país, y a la cual se le tacha de haber fomentado la radicalización de estas comunidades. La Defensoría del Pueblo ya se ha manifestado en contra de esta decisión.

El panorama general tanto para los Derechos Humanos como para la libertad de expresión en el Perú no se percibe muy promisorio en estos momentos. Antes que las cosas pasen a mayores y se realizen actos que haya que lamentar, cabría alertar a la comunidad internacional y a las diversas organizaciones de vigilancia para que envíen comisiones y mantegan un ojo sobre lo que pasa en el Perú.