El día viernes 22 el Congreso de la República derogó los controvertidos decretos legislativos 1015 y 1073, que habían ocasionado las protestas de las comunidades nativas del país, principalmente las de la selva norte. (Ver mis posts anteriores al respecto: 1, 2 y 3) Sin embargo la alegría de estas comunidades no duró mucho al conocerse luego que el gobierno no promulgaría este nuevo dispositivo. Paralelamente a esto, se anunció también que el partido de gobierno presentaría un nuevo proyecto de ley en reemplazo de los derogados.

Mientras tanto en los blogs se han escrito algunas interesantes opiniones y perspectivas sobre el tema que intentan explicarlo al público limeño pues en general éste no está al tanto de porqué protestan las comunidades indígenas y ha sido expuesto a una especie de campaña (des)informativa por parte del gobierno. Por ejemplo el antropólogo Alberto Chirif, como invitado en el blog Diario de IQT postea un artículo titulado: Protestas indígenas: La lucha contra los engaños y la prepotencia donde desarticula algunos de los pobres argumentos que han dado los miembros del gobierno para justificar las leyes motivos de la protesta:

Nunca he conocido a un indígena que se niegue al progreso, a tener más dinero y poder comprar con éste nuevos bienes. La historia de las relaciones entre las sociedades indígenas y la colonización da cuenta clara de esto desde los primeros tiempos del contacto. Las herramientas de metal, por ejemplo, no fueron una imposición externa, sino una innovación tecnológica aceptada de buen ánimo y buscada por los propios indígenas. De hecho, su interés en mantener comunicación con los europeos no fue motivado por la religión ni otro tipo de enseñanzas de origen foráneo, sino por tener acceso a las herramientas de metal que facilitaban su trabajo y lo hacían más efectivo. En este sentido, los defensores de los decretos no deben buscar argumentos absurdos para mantener su decisión y cuestionar a los indígenas y a quienes no piensan como ellos. Los indígenas no se oponen a la innovación ni a las mejoras de sus condiciones de vida, sino al despojo y a este tipo de desarrollo que en realidad los hunde porque enajena sus recursos y su capacidad de decidir libremente sobre su futuro.

También cita al racismo y a cierto menosprecio y condescendencia hacia los nativos que parece predominar en la clase política limeña:

nunca se admite que los propios indígenas son capaces de expresar su opinión a procesos que son contrarios a sus intereses. ¿Por qué? Porque son indígenas, es decir, por racismo. La actitud no es nueva y me hace recordar un pasaje de las investigaciones judiciales realizadas durante el proceso del Putumayo, a inicios del siglo XX, mediante el cual se abrió juicio a los caucheros acusados de las masacres de los indígenas. Rey de Castro, cónsul peruano en Manaos, fue encargado por el gobierno peruano de informar sobre los hechos, pero en realidad asumió la defensa a rajatabla de los caucheros. Él trató de desacreditar las declaraciones de los indígenas que habían sufrido castigos y vejaciones, con el argumento de que, por ser indígenas, no tenían capacidad de afirmar una cosa así. Esto a pesar de que lo que decían se refería a maltratos sufridos en carne propia. En consecuencia, si afirmaban eso, era porque eran manipulados. En el tiempo que llevo trabajando con pueblos indígenas, nunca he sabido que ninguno de estos actos de protesta u otros menos visibles, para oponerse a decisiones del Estado o de empresas, haya sido manipulado por algún agente externo.

Laureano del Castillo, desde su blog homónimo da una visión legal de las cosas (es abogado) y en su post No agitar, pero tampoco mentir refuta la propaganda oficialista sobre las bondades de los DL en cuestión:

Hace mal el presidente García cuando dice “me parece un gravísimo error histórico derogar el Decreto Legislativo 1015 bajo la amenaza de huelgas y toma de carreteras” (aunque podamos coincidir en que las tomas de carreteras es una medida que afecta los intereses de inocentes); al Congreso le toca corregir un error que la soberbia impidió anticipar. Hace, sin embargo, peor cuando en una campaña de desinformación, que pagamos todos los peruanos, para defender el Decreto 1015 afirma que en los sindicatos las decisiones se toman con la mitad más uno de los trabajadores. La disposición de activos es un tema muy delicado y se ha recordado cómo para que en una sociedad anónima se tomen decisiones que implican la disposición de activos se requiere el voto de por lo menos 2/3 de las acciones pagadas. Siendo la tierra el principal activo de las comunidades lo menos que puede esperarse es que ese porcentaje se respete (como hiciera la Constitución de 1979).

Daniel Salas de Gran Combo Club, hace un paralelo histórico (uso esa palabra ya que Alan García la usó para rebatir a los opositores a estos Decretos) con otro fracaso notorio del gobierno aprista, pero de su anterior gobierno: el de la Ley de estatización de la banca en 1987:

Ha habido muchos comentarios a favor de este resultado pero me extraña que nadie haya notado la coincidencia con el movimiento contra la estatización de la banca. Los personajes y las motivaciones son muy similares. Sólo espero que los resultados a la larga sean mejores ahora. En ambos casos, Alan García quiso socializar la propiedad privada de un grupo de ciudadanos. Se trataba de convertir en un bien público lo que era, es y debe ser un bien particular. También en ambos momentos se trató de un grupo reducido de personas afectadas. En 1987 se decía que no había que preocuparse de lo que les pasara a “cuatro banqueros”. En el 2008 se convertía a los ciudadanos de la selva en “unos pobladores pobres azuzados por los agitadores”.

En ambos casos, no lo olvidemos, se trató de imponer medidas antiliberales, de afectar los bienes de grupos privados. En ambos casos, también, estas agresiones gubernamentales abrieron viejos resentimientos sociales latentes: en un caso, se fomentó el odio a los ricos y se los culpabilizó de los males del Perú; en otro, se incentivó el desprecio a los “indígenas” y se culpó a su cultura del atraso de nuestro país. Son versiones de la misma teoría de los chivos expiatorios.

Por su parte Roberto Bustamante de El Blog del Morsa en su post Sobre nativos y conspiraciones trata de rebatir también otras explicaciones dadas a los motivos que supuestamente habría detrás de la protesta indígena:

cierto sector de periodistas (algunos con altos índices de credibilidad) afirman que es imposible que un grupo de nativos protesten contra algo que ni siquiera conocen bien y que debe haber más de un cerebro urbano y rojo detrás. En ciertos casos se trata de una patinada (*), en otros casos de una serie de opiniones ya sistemáticas, que ven detrás de todas las olas de protesta del país una suerte de conspiración comunista. Apelar a la teoría de la conspiración para explicar lo sucedido en la selva peruana es, a mi gusto, irresponsable, porque alimenta una seria de sentidos comunes y clichés que terminan en la justificación de actitudes persecutorias dentro del gobierno.

La segunda posición, sostiene que el problema de fondo no es ni la supuesta manipulación de las ONG’s, ni la participación de cerebros refinados en las jornadas de protesta, sino simplemente reclaman inclusión (¿no fue ese el discurso de uno de los últimos CADEs? ya no me acuerdo bien), e inclusión entendida como una educación y salud públicas dignas, acceso a justicia (frente al abuso de los colonos y extractores informales), etc. Carlos Iván Degregori va en el mismo sentido en su artículo “¡Piruanos! ¡Carajo!”, publicado en Perú21. Todo lo demás, que si la territorialidad, que si las comunidades fueron invento de Velasco es secundario, y más bien expresa un conjunto de estrategias de estos grupos subalternos por conseguir ciertos derechos, históricamente negados. En otras palabras, ni tontos que fueran, los pueblos nativos de la Amazonía van a aprovechar lo que esté a su alcance para exigir lo que consideran justo. Visto de ese modo, salimos de la teorías conspiratorias, que en el contexto actual, son francamente irresponsables.

Finalmente, Gerardo, un comentarista en el post anterior, a partir de su cercana experiencia a los nativos y a su modo de pensar dice:

Lo que los indígenas hacen es intentar que el Estado reconozca en la práctica lo que reconoce en la ley, que el Perú es un Estado pluricultural y que por tanto requiere políticas multiculturales y/o interculturales y si bien en eduación y salud algo se hizo antes y ahora se retrocede, en el tema más álgido de cómo se gobierna un país, la política, hay desconocimiento y poca experiencia sobre cómo tratar con la diferencia.

La idea de que desarrollo se logra mágicamente con la privatización es una idea plana, hay que repasarla, profundizarla. El temor de que los indígenas pretenden separarse, independizarse, unirse a Ecuador, tambien muestra desconocimiento, confunde la idea de nación con la de estado. Me imagino sale de la lectura de unos pocos documentos, de algunas declaraciones aisladas, es una afirmación poco rigurosa. Se origina en miedos coloniales, es etnocéntrica. Eso es comprensible, el etnocentrismo es comprensible, es universal, se combate con el diálogo y una condición para el diálogo es la igualdad, pero quienes gobiernan el país y tienen la voz en los medios de comunicación, en su mayoría tienen una procedencia étnica que los coloca desde ya en una jerarquía distinta, creen además tener la verdad pues, entre otras cosas el conocimiento moderno, científico los respalda. No reparan que la ciencia es hija soberbia del conocimiento tradicional. Si hicieron un gran esfuerzo para llegar a los puestos que tienen, ahora tienen que hacer otro gran esfuerzo para comprender lo indígena y sus diferencias.

Obviamente se ha escrito más al respecto pero esta historia no termina aún. En unos días vencerá el plazo para la promulgación de la ley derogatoria y suponemos, se presentara un nuevo proyecto de ley, tal como ya ha sido anunciado. Entonces es posible que vuelvan las protestas. Y seguiremos posteando sobre el tema.

La imagen que ilustra el post ha sido tomada del blog Diario de IQT.